Por el proceso constituyente
EN este país desde 1978 han
subsistido dos demandas irredentas de ruptura constituyente: la que
trabaja por la República y la que exige el derecho de autodeterminación.
El 15-M nació al margen de esas dos demandas. Es cierto que su grito de
guerra, el "no nos representan", atrae simpatías de todo tipo, entre
ellas las de estas dos anhelos históricos, el de República y el de la
autodeterminación. Pero en su origen el 15-M apuntaba a otro sitio: fue
una denuncia contra ese complejo inseparable -van en el mismo lote- de
corrupción, bipartidismo altergobernante y sometimiento de las
instituciones representativas a los mercados y las finanzas. Hace un año
no se cuestionaba la Constitución y las instituciones derivadas de
ella, pero sí se exigían reformas de calado en la transparencia
política, en la representatividad y en la participación popular. Nada
cambia tanto la subjetividad de las personas como verse envueltas en el
torbellino de las acciones colectivas, intentando ser protagonista de
una realidad cambiante y acelerada. El 15-M ha participado,
protagonizado y también sufrido derrotas, las mismas que comparte con
toda la ciudadanía.
En septiembre de 2011 nos reformaron la Constitución. Por su contenido ("el pago de los intereses de la deuda pública tendrá prioridad absoluta para todas las administraciones") y por las formas antidemocráticas, esta reforma constitucional marca el punto en el que el movimiento 15-M se enajena por completo de la Constitución: no nos representan, pero la Constitución de 1978-2011 tampoco. Si alguien duda de hasta qué punto es clave ese artículo reformado en todo lo que está pasando, hay que recordarle solamente que el impago reciente de la Generalitat catalana a la sanidad concertada se produjo porque en esas mismas fechas les vencía el pago de las deudas a los bancos. Los bancos alemanes, acreedores de los bancos españoles, se están financiando mediante el mecanismo de que el BCE preste a la banca española al 1% dinero que se invierte en deuda pública al 6% y al 7%. La Reforma Constitucional de 2011 ha devenido en una hipoteca constitucional sobre los bienes comunes, los bienes públicos, lo que es de todos.
Las elecciones de noviembre de 2011 arrojaron una abrumadora mayoría a favor de uno de los dos partidos altergobernantes. Mayoría obtenida no por méritos propios, sino por desafección de la ciudadanía hacia el otro. Transcurridos unos meses, hoy tenemos una mayoría absoluta absolutamente contestada por la sociedad. Nunca ha estado más vigente el "no nos representan". No nos representan ni los de ayer ni los de hoy, ni los de ahora ni los que están previstos para dentro de cuatro años. Porque previsto está, como hay Dios-Constitución, quien sucederá a los que ahora gobiernan. En este periodo la monarquía también ha estado a la altura de la coyuntura histórica, y con su comportamiento personal ha consumado el descrédito institucional. Lo mismo podemos decir, anecdóticamente, del poder judicial.
No hay salida a la crisis económica que no pase por romper el marco institucional. No hay Hollande, salvo para el que quiera volver a engañarse en unas nuevas elecciones bipartidistas. No hay crecimiento, ni keynesianismo, ni Krugmann, ni Stiglitz, ni socialdemocracia. Es indudable, y en eso estamos de acuerdo con esas doctrinas económicas, que la prosperidad económica (dejemos de hablar de crecimiento, por favor) no será posible sin alimentar la demanda. Pero la única demanda susceptible de ser alimentada es la que se derive de una redistribución de la riqueza hacia las clases populares, hoy expoliadas. La única salida técnica a la crisis es, también, la única salida justa: rescatar a los ciudadanos y no a la banca. Y para eso, el marco institucional se levanta como la barrera definitiva. Hay que romper el marco, el régimen.
Puede asustar a muchos la radicalidad de esta conclusión. Pero cuando la realidad que vivimos deviene en imposible, es cuando las propuestas más utópicas se convierten en necesarias. Hoy es imprescindible un proceso constituyente que empodere a la ciudadanía, que revierta el despojo. Porque no hay salida. No hay otra salida.
¿De qué naturaleza ha de ser ese proceso constituyente? De entrada, no es ni puede ser el 15-M -ni nadie- el único actor de ese proceso. Nuestros propios defectos -ser difusos, carecer de estructuras organizativas jerárquicas- son una garantía de autenticidad, pero no pueden ser la forma que tome el proceso constituyente. Tendrá que organizarse un movimiento con la participación de todos.
En Navarra, como en otras partes del Estado, se plantea con especial intensidad si ese proceso constituyente puede conectar o no con la reivindicación clásica del derecho de autodeterminación demandada por un importante sector de la ciudadanía. Un proceso constituyente abre la posibilidad al reconocimiento de ese derecho, pero no prejuzga el resultado, imprevisible, así como el marco territorial -España, Europa o Euskalherria- en el cual triunfe finalmente. Pero que nadie dude de que el éxito de ese proceso no vendrá sin la suma de todos y esta suma, hoy por hoy, no tiene otro denominador común que el rescate de las personas por delante de los mercados y las finanzas. Porque la dignidad es la patria común de todos.
Mauro Arboletto, Iñaki Arzoz y Felipe Martín
DIARIO DE NAVARRA
En septiembre de 2011 nos reformaron la Constitución. Por su contenido ("el pago de los intereses de la deuda pública tendrá prioridad absoluta para todas las administraciones") y por las formas antidemocráticas, esta reforma constitucional marca el punto en el que el movimiento 15-M se enajena por completo de la Constitución: no nos representan, pero la Constitución de 1978-2011 tampoco. Si alguien duda de hasta qué punto es clave ese artículo reformado en todo lo que está pasando, hay que recordarle solamente que el impago reciente de la Generalitat catalana a la sanidad concertada se produjo porque en esas mismas fechas les vencía el pago de las deudas a los bancos. Los bancos alemanes, acreedores de los bancos españoles, se están financiando mediante el mecanismo de que el BCE preste a la banca española al 1% dinero que se invierte en deuda pública al 6% y al 7%. La Reforma Constitucional de 2011 ha devenido en una hipoteca constitucional sobre los bienes comunes, los bienes públicos, lo que es de todos.
Las elecciones de noviembre de 2011 arrojaron una abrumadora mayoría a favor de uno de los dos partidos altergobernantes. Mayoría obtenida no por méritos propios, sino por desafección de la ciudadanía hacia el otro. Transcurridos unos meses, hoy tenemos una mayoría absoluta absolutamente contestada por la sociedad. Nunca ha estado más vigente el "no nos representan". No nos representan ni los de ayer ni los de hoy, ni los de ahora ni los que están previstos para dentro de cuatro años. Porque previsto está, como hay Dios-Constitución, quien sucederá a los que ahora gobiernan. En este periodo la monarquía también ha estado a la altura de la coyuntura histórica, y con su comportamiento personal ha consumado el descrédito institucional. Lo mismo podemos decir, anecdóticamente, del poder judicial.
No hay salida a la crisis económica que no pase por romper el marco institucional. No hay Hollande, salvo para el que quiera volver a engañarse en unas nuevas elecciones bipartidistas. No hay crecimiento, ni keynesianismo, ni Krugmann, ni Stiglitz, ni socialdemocracia. Es indudable, y en eso estamos de acuerdo con esas doctrinas económicas, que la prosperidad económica (dejemos de hablar de crecimiento, por favor) no será posible sin alimentar la demanda. Pero la única demanda susceptible de ser alimentada es la que se derive de una redistribución de la riqueza hacia las clases populares, hoy expoliadas. La única salida técnica a la crisis es, también, la única salida justa: rescatar a los ciudadanos y no a la banca. Y para eso, el marco institucional se levanta como la barrera definitiva. Hay que romper el marco, el régimen.
Puede asustar a muchos la radicalidad de esta conclusión. Pero cuando la realidad que vivimos deviene en imposible, es cuando las propuestas más utópicas se convierten en necesarias. Hoy es imprescindible un proceso constituyente que empodere a la ciudadanía, que revierta el despojo. Porque no hay salida. No hay otra salida.
¿De qué naturaleza ha de ser ese proceso constituyente? De entrada, no es ni puede ser el 15-M -ni nadie- el único actor de ese proceso. Nuestros propios defectos -ser difusos, carecer de estructuras organizativas jerárquicas- son una garantía de autenticidad, pero no pueden ser la forma que tome el proceso constituyente. Tendrá que organizarse un movimiento con la participación de todos.
En Navarra, como en otras partes del Estado, se plantea con especial intensidad si ese proceso constituyente puede conectar o no con la reivindicación clásica del derecho de autodeterminación demandada por un importante sector de la ciudadanía. Un proceso constituyente abre la posibilidad al reconocimiento de ese derecho, pero no prejuzga el resultado, imprevisible, así como el marco territorial -España, Europa o Euskalherria- en el cual triunfe finalmente. Pero que nadie dude de que el éxito de ese proceso no vendrá sin la suma de todos y esta suma, hoy por hoy, no tiene otro denominador común que el rescate de las personas por delante de los mercados y las finanzas. Porque la dignidad es la patria común de todos.
Mauro Arboletto, Iñaki Arzoz y Felipe Martín
DIARIO DE NAVARRA
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